Caso de Éxito: Archivo de Diligencias por Distribución de Pornografía Infantil

Nuestro cliente llegó a nuestra firma cuando las diligencias previas por distribución de pornografía infantil ya se habían abierto en un juzgado de instrucción de Málaga. La Guardia Civil, en el marco de una operación coordinada con organismos europeos, había identificado su dirección IP como punto de distribución de material ilegal tipificado en el artículo 189 del Código Penal.

Tras el inicio de las diligencias, el juzgado autorizó la entrada y registro en su domicilio, practicado por agentes del equipo especializado en delitos telemáticos. Intervinieron el ordenador, varios discos duros externos y el router de la vivienda. El cliente nos contactó de inmediato, consciente de la gravedad de la situación: el artículo 189 del Código Penal contempla penas de uno a cinco años de prisión para estos delitos, además de las consecuencias accesorias de inhabilitación.

Análisis del atestado: irregularidades en la cadena de custodia digital

Nuestra primera actuación fue solicitar copia completa del atestado policial y de los informes periciales. El estudio técnico-jurídico reveló deficiencias procesales relevantes: el volcado forense de los dispositivos intervenidos no se había realizado con supervisión del letrado de la administración de justicia, comprometiendo la integridad de la cadena de custodia conforme a la doctrina consolidada del Tribunal Supremo en materia de prueba digital.

Adicionalmente, la resolución judicial que autorizó la intervención de los dispositivos no identificaba con la precisión exigida los indicios concretos que vinculaban a nuestro cliente con la dirección IP detectada, más allá de los meros registros del proveedor de acceso a internet. Esta insuficiencia en la motivación resultaba determinante para impugnar la validez de toda la prueba obtenida en el registro.

La estrategia de defensa: nulidad de la prueba digital

Con estos elementos, articulamos la defensa en torno a la nulidad de las pruebas digitales. Presentamos un escrito de alegaciones ante el juzgado de instrucción exponiendo, con apoyo jurisprudencial del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que las vulneraciones detectadas en el procedimiento de intervención y análisis de los dispositivos privaban de validez a los informes periciales de la acusación, debiendo ser declaradas nulas de pleno derecho.

Paralelamente, incorporamos un dictamen pericial informático independiente que cuestionaba si los archivos identificados en la investigación habían sido descargados y distribuidos de forma consciente por nuestro cliente, o si podían haber sido captados automáticamente por el propio protocolo P2P sin intervención voluntaria del usuario. Este elemento introducía una duda razonable sobre el elemento subjetivo del tipo delictivo, imprescindible para sustentar una condena.

El resultado: auto de archivo de las diligencias previas

Tras dar traslado al ministerio fiscal de nuestros argumentos, este estimó que las pruebas disponibles no alcanzaban el estándar exigido para sostener una acusación formal. El juzgado de instrucción dictó auto de sobreseimiento y archivo de las diligencias previas al no quedar acreditada con suficiencia la participación culpable de nuestro cliente en los hechos investigados, evitando así el juicio oral y sus consecuencias penales y sociales.

Un caso de éxito de RINBER Abogados que demuestra que, incluso en los delitos más graves y socialmente sensibles, la defensa técnica rigurosa y el conocimiento preciso de la jurisprudencia sobre prueba digital en delitos de pornografía infantil pueden lograr el archivo antes de que el asunto llegue a juicio oral.