Ante cualquier tipo de procedimiento penal, los órganos jurisdiccionales están en el deber de solucionar las situaciones que les sean asignadas. También, deben efectuar la resolución en un plazo de tiempo que sea pertinente, sin tener retrasos indebidos.
Todo individuo tiene el derecho a que su caso sea gestionado en un lapso de tiempo sensato. Esto último, se encuentra establecido en el Convenio de la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
Es una definición indeterminada cuyo logro se encarga a los Tribunales. En el examen de las diversas actuaciones se determina si hay demora en las gestiones de la causa. Además, se analiza también la existencia de detenciones sin justificación y trámites innecesarios. Finalmente, se observa que no haya sido debidamente explicado que pueda adjudicarse al órgano jurisdiccional.
Esto teniendo en consideración que el retraso no haya sido responsabilidad de acciones del acusado.
El retraso injustificado se considera una atenuante en la gestión del proceso. Esto se determina de esta forma cuando no tienen relación con la complejidad del caso. La ejecución de esta atenuante representa una reducción de condena, de uno o de dos grados.
Esto depende en gran medida si se trata de una atenuante general o, por el contrario, muy cualificada.
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¿En qué situaciones se establece la atenuante por dilaciones indebidas como muy cualificada?
Existen escenarios específicos en los cuales se puede generar una atenuante muy cualificada. El Tribunal Supremo considera que aplica la atenuante por demora en la gestión de una causa penal, muy cualificada, cuando se hayan dado detenciones considerables. Esto último se refiere a la paralización injustificada e innecesaria por un período de varios años.
También podría señalarse la atenuante en cuestión cuando la sentencia haya demorado en dictarse.
Requisitos para que se considere la atenuante de dilaciones indebidas
Para que genere esta atenuante de dilaciones indebidas, en responsabilidad de la jurisdicción, deben darse las siguientes condiciones:
1. Que la demora en la gestión no tenga justificación.
2. Se trate de una dilación extraordinaria.
3. En el caso en que el acusado no tenga relación.
4. Que no tenga nada que ver con la complejidad del caso.
Elementos que concurren en la atenuante
Son muchísimas las sentencias que se refieren a la atenuante, entre ellas se encuentran:
· La naturaleza y condiciones del litigio, teniendo en consideración su complicación y las circunstancias en concreto.
· El lapso de tiempo de los litigios del mismo tipo y la semejanza de los márgenes.
· La postura adecuada del demandante, al cual no se le puede atribuir la demora.
· El riesgo que corre el reclamante en el procedimiento por los retrasos a los litigantes.
· Las operaciones del órgano jurídico en el proceso teniendo en cuenta los medios a disposición.
El análisis de los tiempos en la consideración de las demoras
Las demoras indebidas se tratan de una serie de dilaciones en la gestión del proceso. Estos retrasos se evalúan estudiando minuciosamente el motivo y los períodos de tiempo muerto en la secuela del trámite.
Por otra parte, un lapso razonable es una definición mucho más extensa. Esta involucra el derecho de que todo sea llevado a cabo en un tiempo pertinente, atendiendo a la complejidad y demás avatares del proceso.
Tanto los plazos pertinentes como los retrasos indebidos afectan el derecho del acusado a que su caso sea gestionado y resuelto rápidamente.
Las condiciones familiares, comunitarias y personales del acusado varían a lo largo del tiempo. Para el momento en que se emite la resolución, la condena podría no cumplir las necesidades de ejemplaridad y rehabilitación del involucrado.
Algunos hechos en que se justifican las dilaciones
En este tipo de escenarios que estamos estudiando, no siempre se genera un cumplimiento cabal de los periodos de investigación. Esto podría originarse por diversos motivos. En la práctica existen condiciones que hacen que el proceso investigativo sea mucho más complicado y se demore:
· Cuando se está investigando a una organización o grupo criminal.
· En el caso de que existan gran cantidad de hechos punibles.
· Si existen muchos investigados o víctimas.
· Al existir muchísimos documentos cuyo análisis es bastante complejo.
· Si es necesario realizar investigaciones en el exterior.
· Cuando se solicita la gestión de personas especializadas.
· Al tratarse de un crimen de terrorismo.
Para poder definir los lapsos de tiempo se diferencian los asuntos simples de los asuntos complicados. Al establecerse los plazos ordinarios de seis y dieciocho meses, se toma como referencia los periodos de duración de la instrucción. Esto último mediante estudios fiscales y jurídicos.
Marcos legales, Constitución de España y Convenio Europeo de Derechos Humanos
La Constitución de España como el Convenio Europeo de Derechos Humanos establecen como un derecho el procedimiento jurídico en el que no existan demoras injustificadas. Además, fundamentan también, el derecho a tener un juicio en un periodo de tiempo que se considere aceptable.
Esta definición de retrasos indebidos ya lo consideramos como condición atenuante de la responsabilidad judicial. Esta acción trae como consecuencia la reducción de condena que se aplicará finalmente al acusado.
En el ámbito legal, las demoras que ocurran en un proceso no son legítimas. Por otra parte, tampoco justifican la dilación a que se diriman las cuestiones que hayan establecido las parte involucradas en el procedimiento. Y mucho menos limitar el derecho a una defensa jurídica efectiva del usuario.
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
En el Tribunal Supremo Español ha tenido participación en diversas sentencias. Todas ellas, relacionadas con este asunto de las demoras indebidas con condición de atenuante de la responsabilidad penal.
¿Cuál es el periodo de tiempo que el Tribunal Supremo establece para que se comprendan las dilaciones injustificadas?
En realidad, intervienen varios aspectos en el establecimiento de dicho plazo. Por ejemplo, uno de estos sería, la complejidad de la gestión, así como también, que la dilación sea adjudicable o no al acusado. Otros factores a considerar son, además, que la demora sea extraordinaria u ordinaria. Finalmente, que los medios de la Administración de Justicia estén disponibles para el trámite en cuestión.
Conclusiones
Las dilaciones indebidas como circunstancia atenuante de la responsabilidad penal, se encuentran consideradas en el Código Penal y también en la Constitución Española. Esta acción puede tener como consecuencia una reducción en la condena que sea aplicada al acusado.
Finalmente, es importante mencionar también que la ley resguarda el derecho de contar con un juicio. Así como también, defiende la oportunidad de tener la resolución del mismo dentro de un plazo de tiempo razonable.
