Abogado Fraude Fiscal en España — Defensa Penal

Estar investigado por un delito fiscal o fraude a Hacienda es una situación de extrema gravedad que puede terminar en prisión de hasta 6 años. Si ha recibido una citación de la Agencia Tributaria, si la AEAT ha remitido un expediente al Ministerio Fiscal o si ya hay diligencias judiciales abiertas contra usted, necesita un abogado penalista especializado — no un asesor fiscal — desde el primer momento. RINBER Abogados defiende delitos tributarios ante la Audiencia Nacional y todos los juzgados de España. Llame al 627 467 043.

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¿Cuándo hay delito fiscal en España?

El artículo 305 del Código Penal establece que comete delito contra la Hacienda Pública quien, mediante acción u omisión, elude el pago de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o primas, o disfruta de beneficios fiscales de forma indebida, superando los 120.000 euros en cuota defraudada. Por debajo de ese umbral es infracción administrativa sancionada por la AEAT, no delito.

Las modalidades más habituales son:

• No presentar declaraciones del IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades o patrimonio cuando existe obligación de hacerlo.
• Presentar declaraciones con datos falsos o incompletos que minoran la cuota real.
• Utilizar facturas falsas o sociedades pantalla para reducir artificialmente la base imponible.
• Ocultar ingresos o bienes en el extranjero — especialmente en paraísos fiscales o sin declarar el Modelo 720.
• Obtener devoluciones de Hacienda a las que no se tiene derecho.

Penas por delito fiscal (art. 305 y 305 bis CP)

El tipo básico del artículo 305 CP prevé una pena de prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al séxtuplo de la cuota defraudada. Además, el condenado pierde el derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas durante 3 a 6 años.

El artículo 305 bis CP establece el tipo agravado, con penas de 2 a 6 años de prisión, cuando:

• La cuota defraudada supera los 600.000 euros.
• Se han utilizado personas o entidades interpuestas, paraísos fiscales o estructuras empresariales complejas para dificultar la detección del fraude.
• La defraudación forma parte de una actividad delictiva organizada.

Los delitos fiscales graves (tipo agravado) no prescriben hasta los 10 años — frente a los 5 años del tipo básico — lo que implica que Hacienda puede remitir expedientes de ejercicios relativamente antiguos.

La regularización fiscal como exención de responsabilidad penal

El artículo 305.4 CP establece que el contribuyente queda exento de responsabilidad penal si, antes de que se haya iniciado la actuación inspectora o el procedimiento penal, regulariza su situación tributaria. Regularizar significa pagar íntegramente la cuota defraudada, los intereses y los recargos. Esta es la razón por la que actuar con inmediatez — antes de que llegue la citación judicial — puede marcar la diferencia entre ir a prisión o no.

Cómo se investiga el fraude fiscal: el papel de la AEAT y el Ministerio Fiscal

El procedimiento típico es: la AEAT detecta indicios de fraude durante una inspección, emite un informe de presunta comisión de delito y lo remite al Ministerio Fiscal o al Juzgado. El Fiscal puede archivar o presentar denuncia ante el Juzgado de Instrucción. Si se abren diligencias previas, el investigado tiene derecho a conocer los cargos y a declarar con asistencia de letrado. En esta fase de instrucción, la intervención de RINBER es decisiva para limitar el alcance de la investigación y presentar prueba de descargo.

Defensa en delitos fiscales: estrategias clave

• Cuestionar el umbral de 120.000 euros: si la cuota defraudada no supera el umbral penal — por ejemplo, porque hay gastos deducibles no considerados por la AEAT — la conducta queda en sede administrativa.
• Discutir el elemento subjetivo (dolo): el delito fiscal exige actuar con conocimiento y voluntad de defraudar. Si la discrepancia con Hacienda responde a una interpretación razonable de la norma, puede excluirse el dolo.
• Prescripción: verificar que no han transcurrido los plazos de prescripción del delito o de los ejercicios fiscales reclamados.
• Regularización anticipada: si todavía es posible, pagar la cuota y solicitar la exención de responsabilidad penal.
• Nulidad de pruebas: las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales — por ejemplo, acceso ilícito a cuentas bancarias o vulneración del secreto de las comunicaciones — son nulas.

Preguntas frecuentes sobre delito fiscal

¿Cuánto tiempo puede investigarme Hacienda por un delito fiscal?

El tipo básico prescribe a los 5 años desde que se cometió la infracción. El tipo agravado (cuota superior a 600.000 euros) prescribe a los 10 años. Hacienda, en sede administrativa, tiene un plazo de prescripción general de 4 años.

¿Es lo mismo una infracción tributaria que un delito fiscal?

No. La infracción tributaria es sancionada por la AEAT con multas y recargos y se resuelve en vía administrativa. El delito fiscal se juzga en los tribunales penales y puede conllevar prisión. El umbral que separa una cosa de otra es la cuota defraudada de 120.000 euros.

¿Puede suspenderse la pena de prisión por un delito fiscal?

Sí, si la pena no supera los 2 años y el condenado carece de antecedentes penales, el juez puede suspender la ejecución de la pena durante un período de prueba. En el tipo agravado (hasta 6 años de prisión), la suspensión no es automática y requiere argumentación específica.

¿Qué pasa con el Modelo 720 y las cuentas en el extranjero?

No declarar bienes en el extranjero superiores a 50.000 euros es una infracción administrativa grave. Sin embargo, si esos bienes provienen de rentas no declaradas que superen el umbral penal, puede configurarse un delito fiscal o incluso de blanqueo de capitales. La regularización voluntaria antes de la inspección puede neutralizar la responsabilidad penal.

¿Le está investigando Hacienda? ¿Ha recibido citación del Ministerio Fiscal? Llame ahora al 627 467 043. Primera consulta gratuita y confidencial.

Consulte también: Preguntas sobre Delitos Fiscales.

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